La fiscalía sigue sin la evidencia para presentar cargos
Ana Cacho ha sido señalada como sospechosa del crimen, pero las autoridades no la han acusado. (Archivo / Ángel M. Rivera)
Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com
La investigación por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, que por más de 14 meses ha capturado la atención del País, parece estar en un punto muerto y la fiscal a cargo de la pesquisa no se refiere ahora siquiera a la posibilidad de que se presenten cargos contra los responsables del crimen en un futuro cercano.
“Cuando el caso esté listo se enterarán todos”, dijo la fiscal Wanda Casiano en una entrevista ayer con El Nuevo Día.
Los últimos movimientos conocidos relacionados a la pesquisa criminal ocurrieron a finales del año pasado y principios del 2011 y se concentraron en entrevistas a la presentadora televisiva Brenda Robles, quien se vinculó con la madre de Lorenzo, Ana Cacho, e interrogatorios a personas allegadas al Departamento de la Familia (DF) que tuvieron contacto con las hermanas del menor asesinado.
Sobre las movidas de los últimos meses, la fiscal Casiano dijo ayer lo mismo que ha venido diciendo por meses: que están “evaluando evidencia”, entrevistando posibles testigos y enviando material para análisis pericial al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
En pie la investigación
La fiscal Casiano, sin embargo, sostuvo que la pesquisa no está detenida.
“Seguimos evaluando la evidencia que nos llega... Nosotros no nos detenemos mientras esperamos los resultados”, manifestó Casiano, tras sostener que todas las controversias colaterales al caso no han retrasado la pesquisa criminal.
Entre esas controversias colaterales, está la extensa y contenciosa disputa entre Cacho y el padre de Lorenzo, Ahmed Alí González, por la custodia de las otras dos hijas que tuvieron en conjunto.
Esa controversia pareció zanjarse cuando el tribunal determinó no concederle a Cacho ni a ningún miembro de su familia el derecho a relacionarse con las niñas de 6 y 14 años, consideradas testigos esenciales del caso criminal y que están bajo la custodia legal del padre.
En la decisión en que se privó a Cacho del derecho de ver a sus hijas, se alegaba que tanto Cacho como su madre, Amneris Yvette González, pudieron haber cometido delitos de encubrimiento al haber hecho esfuerzos por evitar que las niñas dijeran lo que puedan saber del crimen, pero ninguna de las dos ha sido acusada de ningún crimen en relación con la muerte de Lorenzo.
La fiscal Casiano sostuvo ayer que durante los pasados meses la teoría que tiene la fiscalía sobre el crimen no ha cambiado. Casiano ni ningún otro funcionario del Departamento de Justicia han revelado cuál es esa teoría, pero el fiscal general Obdulio Meléndez ha dicho que el Gobierno tiene evidencia que implica a Cacho en el crimen.
Cacho y sus allegados han negado con vehemencia que ella sea responsable o sepa quién mató a Lorenzo.
El niño fue hallado moribundo por su madre en su cama en su residencia de la urbanización Dorado del Mar en la madrugada del 9 de marzo del año pasado. La mujer lo llevó al centro de diagnóstico y tratamiento de Dorado, donde falleció después.
La autopsia al menor reveló que el niño fue objeto de un salvaje y prolongado ataque que incluyó heridas con objetos punzantes y golpes con objetos contundentes.
“Cuando el caso esté listo se enterarán todos”, dijo la fiscal Wanda Casiano en una entrevista ayer con El Nuevo Día.
Los últimos movimientos conocidos relacionados a la pesquisa criminal ocurrieron a finales del año pasado y principios del 2011 y se concentraron en entrevistas a la presentadora televisiva Brenda Robles, quien se vinculó con la madre de Lorenzo, Ana Cacho, e interrogatorios a personas allegadas al Departamento de la Familia (DF) que tuvieron contacto con las hermanas del menor asesinado.
Sobre las movidas de los últimos meses, la fiscal Casiano dijo ayer lo mismo que ha venido diciendo por meses: que están “evaluando evidencia”, entrevistando posibles testigos y enviando material para análisis pericial al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
En pie la investigación
La fiscal Casiano, sin embargo, sostuvo que la pesquisa no está detenida.
“Seguimos evaluando la evidencia que nos llega... Nosotros no nos detenemos mientras esperamos los resultados”, manifestó Casiano, tras sostener que todas las controversias colaterales al caso no han retrasado la pesquisa criminal.
Entre esas controversias colaterales, está la extensa y contenciosa disputa entre Cacho y el padre de Lorenzo, Ahmed Alí González, por la custodia de las otras dos hijas que tuvieron en conjunto.
Esa controversia pareció zanjarse cuando el tribunal determinó no concederle a Cacho ni a ningún miembro de su familia el derecho a relacionarse con las niñas de 6 y 14 años, consideradas testigos esenciales del caso criminal y que están bajo la custodia legal del padre.
En la decisión en que se privó a Cacho del derecho de ver a sus hijas, se alegaba que tanto Cacho como su madre, Amneris Yvette González, pudieron haber cometido delitos de encubrimiento al haber hecho esfuerzos por evitar que las niñas dijeran lo que puedan saber del crimen, pero ninguna de las dos ha sido acusada de ningún crimen en relación con la muerte de Lorenzo.
La fiscal Casiano sostuvo ayer que durante los pasados meses la teoría que tiene la fiscalía sobre el crimen no ha cambiado. Casiano ni ningún otro funcionario del Departamento de Justicia han revelado cuál es esa teoría, pero el fiscal general Obdulio Meléndez ha dicho que el Gobierno tiene evidencia que implica a Cacho en el crimen.
Cacho y sus allegados han negado con vehemencia que ella sea responsable o sepa quién mató a Lorenzo.
El niño fue hallado moribundo por su madre en su cama en su residencia de la urbanización Dorado del Mar en la madrugada del 9 de marzo del año pasado. La mujer lo llevó al centro de diagnóstico y tratamiento de Dorado, donde falleció después.
La autopsia al menor reveló que el niño fue objeto de un salvaje y prolongado ataque que incluyó heridas con objetos punzantes y golpes con objetos contundentes.
